El marco impositivo nacional argentino comprende una variedad de impuestos directos e indirectos que se aplican a las personas físicas y jurídicas. La agencia gubernamental responsable de la aplicación de los impuestos nacionales es la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP por sus siglas.
Entre los impuestos directos, uno de los más importantes es el Impuesto a las Ganancias, que grava los ingresos de las personas físicas y jurídicas, y el Impuesto sobre los Bienes Personales, que grava el patrimonio de las personas físicas. Los impuestos indirectos más importantes son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava las ventas de bienes y servicios, y el Impuesto a las Exportaciones, que grava las exportaciones de bienes y servicios.
Se trata de un impuesto directo que grava las ganancias de las empresas y se calcula sobre la base de la ganancia neta de las personas jurídicas.
Las personas jurídicas residentes en Argentina están sujetas al impuesto sobre las rentas de fuente argentina y extranjera. Las personas jurídicas residentes pueden reclamar como crédito fiscal cualquier impuesto similar efectivamente pagado en el extranjero sobre ingresos de fuente extranjera. La tasa impositiva se aplica a los ingresos netos determinados a nivel mundial.
Las sociedades de capital, por sus ganancias netas imponibles, abonan el gravamen empleando la escala de AFIP RG 5168/22.
El IVA es del 21%, aunque determinados artículos específicos están sujetos a un tipo del 27% o del 10,5%. El impuesto se paga sobre el valor de venta de productos, la mayoría de los servicios y sobre la importación de bienes y servicios. Se abona mediante la presentación de declaraciones de impuestos mensuales.
La tasa del 27% se aplica a servicios públicos como gas doméstico, agua y telecomunicaciones, mientras que el tipo reducido del 10,5% corresponde a determinadas transacciones.
Para 2023, los derechos de importación van desde el 0% al 35%. Los bienes que están sujetos a los derechos de importación más altos incluyen los productos agrícolas, manufacturados y de lujo.
Para calcular la tasa específica se deben clasificar los bienes a importar o exportar en el Arancel Integrado y Sufijos de Valor en función del Arancel Externo Común del Mercosur.
El Impuesto Selectivo al Consumo es un gravamen aplicado en Argentina a productos que no son considerados de primera necesidad, como el tabaco, el alcohol y las bebidas alcohólicas, ciertos productos combustibles y los bienes de lujo.
Accedé al listado completo de productos de la Ley Nº 24.674.
Los movimientos de cuentas bancarias (depósitos y retiros) están sujetos a un impuesto nacional.
Las personas jurídicas residentes en Argentina están sujetas al impuesto sobre las rentas de fuente argentina y extranjera. Las personas jurídicas residentes pueden reclamar como crédito fiscal cualquier impuesto similar efectivamente pagado en el extranjero sobre ingresos de fuente extranjera. La tasa impositiva se aplica a los ingresos netos determinados a nivel mundial.
El 33% del impuesto a las transacciones financieras efectivamente pagado por operaciones en cuentas bancarias (0,6%) y movimiento de fondos (1,2%) es acreditable contra el ISR y el Impuesto a la Ganancia mínima presunta y/o anticipos fiscales respectivos.
Un impuesto anual al patrimonio grava las acciones o participaciones en el capital de empresas locales de propiedad de personas naturales o indivisas domiciliadas en Argentina o en el extranjero, y/o de empresas y/o cualquier otro tipo de personas jurídicas domiciliadas en el extranjero. Es tasado y pagado directamente por la sociedad local como pago total y final a nombre de los accionistas (la sociedad emisora tiene derecho a recuperar del accionista el impuesto pagado).
En virtud de una reciente reforma fiscal, el tipo impositivo aplicable se ha incrementado al 0,5% (antes 0,25%) y se aplica sobre el valor de la participación, que generalmente se calcula sobre la diferencia entre activos y pasivos que surgen de los estados financieros cerrados al 31 de diciembre o durante el ejercicio respectivo.
De acuerdo a la legislación argentina, los nacionales extranjeros y locales que trabajen para una empresa local deben estar incluidos en la nómina local y serán considerados empleados locales a efectos laborales, fiscales y de seguridad social locales. Tanto la empresa local como los empleados estarán sujetos a la normativa correspondiente.
Todas las remuneraciones pagadas en Argentina o en el extranjero por trabajos realizados para la empresa local se consideran remuneraciones locales y deben ser reportadas a las autoridades tributarias y de seguridad social, según sea el caso, e incluirse en las nóminas y en los registros locales.
El empleador local debe retener el impuesto sobre la renta de forma real y mensual, y realizar los pagos correspondientes a las autoridades fiscales a través de declaraciones WHT mensuales. Las tasas impositivas individuales oscilan entre el 5% y el 35%, y se encuentran disponibles deducciones personales.
La entidad local deberá emitir mensualmente nóminas por cada empleado incluido en su nómina, considerando la remuneración total mencionada anteriormente.
Las contribuciones de los empleadores a la seguridad social añaden entre un 24% y un 26,4% a los costos de nómina. Hay un salario obligatorio del decimotercer mes. No existen restricciones con respecto al empleo de extranjeros, siempre que tengan visas de trabajo.
Las regulaciones laborales argentinas determinan diferentes formas de compensación para los empleados, que incluyen:
Cada jurisdicción argentina impone un Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la venta de bienes y servicios. Las exportaciones de bienes están exentas y determinadas industrias están sujetas a un tipo impositivo reducido. Las tarifas, reglas y procedimientos de evaluación se determinan localmente.
En Córdoba, las tarifas se regulan anualmente con base en la Ley del Impuesto Anual. En promedio, los tipos aplicados al comercio y los servicios oscilan entre el 3% y el 5%. En el caso de la industria, los tipos son generalmente más bajos (entre el 0% y el 2%).
Es un impuesto provincial que se paga por los actos, contratos, instrumentos y operaciones de valor económico que se celebren en Córdoba o aquellos realizados fuera cuyo texto o consecuencia establezca cumplir efectos en la provincia.
El tipo impositivo medio es del 1% aplicable sobre el valor económico del contrato.
